PCDC
Compliance de Derecho de la Competencia
Adquiriendo PCDC – Programa de Compliance en Derecho de la Competencia – dispondrá de la solución más ágil del mercado para desarrollar su Programa de Compliance Normativo de Competencia de inmediata instalación, intuitiva y fácil de utilizar sin renunciar a las prestaciones más avanzadas: multiplataforma, adaptándose a los diferentes sistemas operativos, copia de seguridad automatizada, base de datos centralizada, facilita actualizaciones y mejoras del software de manera inmediata. Proporciona un mantenimiento informático permanente mediante un servicio de atención técnica a través de una línea 900.
La elaboración de un Programa de Cumplimiento de Derecho de la Competencia es una tarea compleja que exige actuar de modo transversal sobre toda la organización empresarial y que precisa una visión multidisciplinar que permita por un lado detectar los riesgos generales del sector de actividad y los riesgos específicos de la empresa y por otro lado diseñar las medidas preventivas y de detección de actividades contrarias al derecho de la competencia. Podrá detectar e implementar las medidas preventivas necesarias ante potenciales conductas prohibidas, abuso de posición dominante, actos desleales, procedimientos de actuación ante inspecciones, etc.
PCDC es un software de gestión diseñado por un equipo multidisciplinar de profesionales: abogados, economistas, profesionales de la consultoría, e informáticos, que permite la implantación de un conjunto de procedimientos o protocolos de actuación establecidos en una organización con el objetivo de minimizar los riesgos de que los administradores, directivos y trabajadores incurran en una infracción en materia del derecho de la competencia que pueda afectar a la empresa.
Adquiriendo el software PCDC dispondrá de la solución más ágil del mercado para desarrollar su Programa de Cumplimiento en materia del Derecho de la Competencia, de inmediata instalación, intuitiva y fácil de utilizar sin renunciar a las prestaciones más avanzadas: multiplataforma, adaptándose a los diferentes sistemas operativos, copia de seguridad automatizada, base de datos centralizada, facilita actualizaciones y mejoras del software de manera inmediata. Proporciona un mantenimiento informático permanente mediante un servicio de atención técnica a través de una línea 900.
- Dispondrá de los mejores profesionales (abogados, economistas, informáticos,…) que le asesorarán en la implantación de su Programa de Cumplimiento en materia del Derecho de la Competencia.
- Permite el acceso a un Canal de Formación para directivos y empleados con el fin de garantizar la eficacia en la aplicación del Programa de Cumplimiento en materia del Derecho de la Competencia.
- Contará con una plataforma de comunicación interna a través de una aplicación móvil personalizada de descarga gratuita que le ayudará a desarrollar conductas que contribuyan a cumplir con su Programa de Cumplimiento en materia del Derecho de la Competencia.
- Sin importar la tipología o tamaño de su empresa le proporcionamos una solución personalizada con un servicio de primer nivel garantizado mediante un SLA (acuerdo nivel del servicio) a medida para cada tipo de empresa.
DERECHO DE LA COMPETENCIA
La norma española de aplicación desde el 1 de septiembre de 2007 es la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
El artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe “… todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional…”. Este artículo prohíbe una amplía tipología de acuerdos como, por ejemplo, la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio; la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; o el reparto de mercados o clientes. Esta prohibición puede aplicarse tanto a acuerdos entre competidores como no competidores.
Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la Ley de Defensa de la Competencia darán lugar a la imposición de sanciones por parte de los órganos competentes. La existencia de un programa de cumplimiento PCDC correctamente implantado y ampliamente seguido por el personal de la empresa podría ser considerada como una circunstancia atenuante en relación al importe de la sanción.
En el Derecho de la Competencia español se podrían considerar los programas de cumplimiento en materia anticompetitiva como circunstancia atenuante en el marco del artículo 64.3 de la Ley de Defensa de la Competencia ya que la enumeración de atenuantes que se establece en la Ley es meramente a título ejemplificativo. El precepto señala que “para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias atenuantes (…)”. Se trata, por tanto, de una lista abierta (númerus apertus) y sujeta a la interpretación de los organismos competentes y tribunales de justicia.
En nuestra herramienta pionera para el control y gestión del programa de cumplimiento en materia del derecho de la competencia se combinan: herramientas web, asesoramiento personalizado de profesionales para la auditoría e implantación de un programa PCDC, aplicaciones móviles y servicio de consultoría y formación para todos los empleados y directivos.
Nuestra propuesta resulta aplicable a cualquier tipo de empresa con independencia de su tamaño y el nivel de madurez de su programa de cumplimiento en materia del derecho de la competencia.
Nuestro programa PCDC define un sistema de gestión basado en cuatro grandes bloques:
- Identificación de los Riesgos, que se establecerán fundamentalmente en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa y en la tipología de riesgos en los que pudiera incurrir tales como abuso de posición dominante, riesgo de cártel, políticas anticompetitivas, etc.
- Evaluación de los riesgos, identificando a la estructura organizativa y recursos humanos en base a los potenciales riesgos. La clasificación se establecería en tres grandes grupos: personal de alto riesgo, personal de riesgo medio y personal de riesgo limitado.
- Actuaciones preventivas y mitigación de los riesgos, englobando en esta área las políticas y procedimientos encaminados a la prevención, medidas disciplinarias así como las actividades formativas y otras generadoras de la cultura del cumplimiento en materia de derecho de la competencia.
- Revisión y Auditorias con periodicidades determinadas en función del tamaño, riesgos y actividad de la empresa evaluar la efectividad del PCDC.
Las empresas pueden falsear la competencia acordando con los competidores fijar los precios, limitar la producción y la innovación o dividir el mercado de forma que cada una mantenga un monopolio local. Por ejemplo, la fijación de precios se produce cuando vendedores que son competidores se ponen de acuerdo sobre los precios que hay que cobrar a los consumidores o deciden aumentarlos simultáneamente. A diferencia de otras actividades de cooperación empresarial, como la investigación conjunta, estos acuerdos no benefician a los consumidores.
Las empresas que se asocian en cárteles (Conductas colusorias Art. 1 LDC) para controlar los precios o dividir los mercados se protegen frente a la presión competitiva y no tienen incentivos para lanzar nuevos productos, mejorar la calidad o reducir los precios. Así, los consumidores terminan pagando más por una calidad más baja y menos posibilidades de elección.
Algunos acuerdos contrarios a la competencia pueden ser públicos, pero la mayoría son secretos, como los cárteles. Pueden estipularse por escrito (por ejemplo, en un «acuerdo entre empresas» o en las decisiones o normas de asociaciones profesionales) o de manera menos formal.
Los cárteles son contrarios al Derecho de competencia, y las autoridades de la competencia pueden imponer fuertes multas a las empresas implicadas.
De esta forma, el artículo 1 de la Ley 15/2007 prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela que produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los mercados.
Este tipo de conductas se materializan, entre otros, en acuerdos o pactos para la fijación de precios o de otras condiciones comerciales, la limitación de la producción o el reparto del mercado. Un ejemplo lo constituye el caso en que determinadas empresas de un mismo sector acuerdan elevar conjuntamente y en medida similar el precio de venta al público de sus productos. La investigación de los cárteles supone, de hecho, una de las prioridades de la actuación de la CMNC – Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-.
Este tipo de acuerdos es sancionado porque tiene efectos perjudiciales sobre los consumidores al eliminar los incentivos de las empresas intervinientes en los acuerdos para mejorar la calidad de sus productos o servicios para reducir sus costes, al tiempo que dificultan la actividad de otras empresas.
No obstante, existen algunos acuerdos que, si bien cumplen los requisitos del artículo 1 de la Ley 15/2007, no son sancionables por considerarse que conllevan efectos favorables para los consumidores, mejoras en la producción, la distribución o la comercialización, fomento del progreso técnico que más que contrarrestan sus efectos perjudiciales desde el punto de vista de la competencia. Un ejemplo de estos acuerdos son algunos registros de morosos que facilitan un mejor funcionamiento de las relaciones empresa-clientes en determinado sector.
Una empresa puede restringir la competencia si está en posición de fuerza en un mercado determinado. Una posición dominante no es en sí misma anticompetitiva. Sin embargo, si la empresa explota su posición con el fin de eliminar la competencia, esto supone un abuso (Abuso de posición dominante Art. 2 LDC). Algunos ejemplos de ello son:
- Vender a precios artificialmente bajos para eliminar a los competidores que no pueden competir en precios, por lo que pierden clientes.
- Obstruir a los competidores en el mercado (o en mercados conexos) mediante la venta de un producto muy demandado a condición de que los consumidores compren otro menos demandado, lo que les obliga a comprar únicamente a la empresa dominante.
- Practicar precios anormalmente elevados.
- Negarse a tratar con determinados clientes u ofrecer descuentos especiales a los clientes que compran la totalidad o la mayoría de sus suministros a la empresa dominante.
Si se constata un abuso, la autoridad de competencia puede sancionar a la empresa que lo comete e imponerle multas considerables.
Así, el artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición dominante.
Por posición dominante se entiende la situación en la que una empresa tiene la posibilidad de desarrollar un comportamiento relativamente independiente que le permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o competidores.
Ejemplos de explotación abusiva de una posición dominante son la imposición de precios u otras condiciones comerciales no equitativas, la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios o la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de los mismos.
La legislación española no sanciona la mera posición dominante, puesto que ésta puede ser resultado de un buen desempeño empresarial, sino un abuso de la misma que pretenda restringir la libre competencia debilitando a los competidores, obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando condiciones injustas a clientes o proveedores.
Por su parte, el artículo 3 de la LDC (Falseamiento de la libre competencia por actos desleales Art. 3 LDC) recoge como conducta prohibida aquellos actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. La nota que caracteriza esta prohibición es, por tanto, que los actos desleales cometidos tengan una dimensión tal que falseen el libre juego de la competencia y que trasciendan el ámbito privado para adquirir una relevancia que las haga merecedoras de protección pública.
Así, las dos características que deben cumplir las conductas, a efectos de la aplicación de la LDC son, que estén tipificadas como actos de competencia desleal y, además, que tengan una trascendencia que supere el ámbito de lo privado y afecte al interés público cuando falsean significativamente la competencia en el mercado.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene encomendada la función de garantizar la efectiva aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC). Para ello la Ley le ha dotado con distintas herramientas, entre las que se encuentra la posibilidad de inspeccionar empresas, asociaciones de empresas y domicilios particulares de empresarios, administradores y otros miembros del personal de las empresas, con el objetivo de obtener evidencias de presuntas infracciones en materia de competencia que de otra forma sería imposible de obtener.